Hace algunas semanas, en este mismo espacio, escribí sobre los problemas que podría traer en el área de las políticas publicas el enamorarse de los instrumentos y dejar de lado los objetivos. Aquello se hizo tremendamente patente esta semana luego de la aprobación de un tercer retiro de los fondos de las AFP, pero, por si no fuera poco, también está detrás de otra propuesta de nuestros creativos parlamentarios.

Se trata de la rebaja del IVA para productos de primera necesidad. Ya el concepto de “primera necesidad” trae suspicacias, porque nace de una evaluación subjetiva. Podemos concordar en algunas, lo que no deja de ser subjetivo. Por ejemplo, no veo que se le quiera rebajar a las bicicletas, sus repuestos y accesorios, ni a los lápices de colores que mis hijos ocupan para dibujar. Usted creerá que estoy siendo frívolo, pero dentro del listado de bienes de primera necesidad que se incorporan en el proyecto de ley[1] están los servicios de estética y belleza integral y las flores. También los restaurantes, como los que ofrecen colaciones, pero también las cadenas internacionales de comida rápida y, por supuesto, el Boragó.

Además de la subjetividad de los bienes y servicios que entrarían en la categoría, tenemos las distorsiones que una medida como esta genera en la economía. En Chile, los combustibles se gravan con un impuesto específico, justificado en las externalidades negativas que su uso provoca en la sociedad (y no para reconstruir carreteras, como erróneamente se piensa). Bueno, los combustibles también recibirían esta baja de IVA. Una maravilla: por un lado, le cobramos más impuestos, pero por otro se los bajamos.

En la misma línea, los cambios de precios producen cambios en el comportamiento. Se comentaba que lo que dejará de gastar una persona en un producto (por la eventual baja de precio), lo podría gastar en otro, disminuyendo el impacto sobre la recaudación. Como diría el Chavo, “que bruto, póngale cero”. Al, en este caso, bajar el precio de un producto, se producen dos efectos económicos: si no cambio mi consumo de ese bien, efectivamente tendré disponible más recursos para gastar en otros (efecto ingreso), pero al ser relativamente más barato, sin cambiar el consumo de los demás, me gustaría consumir más de ese bien (efecto sustitución).

Otra distorsión que se produce se refiere a los oferentes. Esta bastante documentado que, en economías con exenciones o tributos diferenciados, muchos se intentan hacer pasar por sujetos que debiesen recibir el beneficio, cuando en realidad no deberían. Y ojo, no hablo de prácticas ilegales (que también las hay, sin duda) sino de algunas perfectamente dentro de la ley que sólo utilizan los mecanismos creados por el legislador. Por si fuera poco, imagínese el dolor de cabeza que sería la implementación de esta medida para los contadores y, sobre todo, para los fiscalizadores.

Quería dejar para el final lo más sabroso. Bueno, tendrá muchos problemas, pero por lo menos la gente percibirá una baja en los precios, ¿cierto? ¿cierto? Bueno, no necesariamente. Hicimos un cálculo para proyectar el máximo impacto que esto podría tener en la variación del IPC mensual el mes que eventualmente se ponga en práctica esta medida: -3,3 pp, una brutalidad. Sin embargo, un supuesto importante de este cálculo es que sugiere que, en el corto plazo, los comportamientos de los consumidores y oferentes no se verá afectado, lo que sabemos que en la realidad no es verdad. En algunos mercados podremos ver rebajas significativas, mientras que, en otros nulos cambios en precio, lo que no tiene nada que ver con abuso o malas intenciones, simplemente con los cambios en comportamiento que describimos anteriormente[2].

Por lo tanto, no es por capricho que los economistas preferimos que este tipo de impuestos sea plano para todos, ya que es la mejor forma de no generar distorsiones, lo que está ampliamente corroborado en la literatura. Además, en un momento en que más recursos son necesarios para financiar las necesidades sociales, este tipo de propuestas solo apuntan en el sentido contrario, generando exenciones en un momento en el que la propuesta es empezar a eliminarlas. Finalmente, si la idea es ayudar a las personas de menos recursos, es mucho mejor entregar transferencias directas y dejar que ellos decidan qué cosas les son necesarias y cuales no. Una política así no genera distorsiones, ambigüedades, gremios reclamando por creerse más necesarios que otros ni más conflicto social y político del cual ya tenemos bastante.

[1] Productos a los que se les bajaría el IVA de 19% a 10%: a) Combustibles, aplicable a la importación o venta de gasolinas automotrices, petróleo, diésel gas licuado de petróleo de consumo vehicular y gas natural comprimido de consumo vehicular, el que será aplicable únicamente a personas que no sean transportistas, ni se dediquen al transporte de carga ni transporte de pasajeros. b) Los alimentos utilizados para la nutrición humana o animal, sin incluir las bebidas alcohólicas, así como animales, vegetales y demás productos utilizados para la obtención de alimentos. c) productos sanitarios, material, equipos o instrumental que se utilicen para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o dolencias del hombre o de los animales que se encuentren en venta al público. d) Hotelería, acampamiento y balneario, restaurantes y, en general, el suministro de comidas y bebidas para consumo local. e) La asistencia sanitaria y dental que no gocen de exención. f) Servicios de estética y belleza integral. g) Servicios y establecimientos deportivos. h) Flores y plantas ornamentales. i) Servicios ofrecidos por empresas funerarias.

Productos a los que se les bajaría el IVA de 19% a 4%: a) Productos básicos como pan, harina, huevos, leche, quesos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales. b) Libros, diarios y revistas que no contengan única o fundamentalmente publicidad. c) Los medicamentos para uso humano, así como las sustancias medicinales y productos intermedios, utilizados en su obtención. d) Las prótesis, órtesis e implantes internos para personas con minusvalía. e) Los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio.

[2] Esto es lo que los economistas llamamos “elasticidad precio”.

Nathan Pincheira

Economista Jefe de FYNSA