Hace más de una década, en 2012, México contaba con un sistema financiero de difícil acceso y altamente desigual. En ese entonces, sólo el 66% de las personas adultas tenía algún producto financiero, mientras que apenas el 35,5% ahorraba de manera formal. Además, una parte importante de la población recurría a prácticas informales, como guardar el dinero en casa o solicitar préstamos a familiares, reflejo de una baja educación financiera y de una limitada confianza en las instituciones. 

Si bien los esfuerzos por ampliar la cobertura comenzaron a principios de la década de 2010, no fue hasta junio de 2016 cuando el país estableció formalmente su primera Política Nacional de Inclusión Financiera. Esta iniciativa marcó un punto de inflexión al articular, por primera vez, una estrategia coordinada orientada a mejorar el acceso a servicios financieros, ampliar la infraestructura disponible y fortalecer la educación financiera. 

Los avances comenzaron a reflejarse gradualmente. Para 2018, el 67,8% de la población adulta ya contaba con algún producto financiero, y el 49,1% tenía una cuenta bancaria. Aunque estas cifras representaron un progreso, este fue moderado y estuvo acompañado de importantes brechas regionales, de género y de ingreso. La pandemia de Covid-19 frenó parcialmente esta evolución, pero también impulsó una transformación clave: la adopción de pagos digitales, fintech y banca móvil como alternativas más accesibles. 

Entre 2021 y 2024, México experimentó una aceleración significativa. Actualmente, cerca de 8 de cada 10 adultos cuentan con al menos un producto financiero, el nivel más alto registrado en el país. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por la digitalización, la expansión de programas sociales bancarizados y el aumento del uso de aplicaciones móviles para gestionar servicios financieros. 

Sin embargo, los desafíos persisten. La inclusión no es homogénea y aún existen brechas importantes en poblaciones rurales, mujeres y sectores informales. Por ello, la nueva Política Nacional de Inclusión Financiera 2025–2030 plantea metas ambiciosas, como alcanzar al 83% de la población con al menos un producto financiero y ampliar el acceso al financiamiento para empresas. El reto hacia el futuro no será únicamente ampliar la cobertura, sino también garantizar un uso efectivo y de calidad de estos servicios, de manera que contribuyan realmente al bienestar financiero de las personas.

Francisco Pulido 

Analista de Inversiones Fynsa México