En su cadena nacional del miércoles 15 de abril, el presidente José Antonio Kast presentó el proyecto de “Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social”, una iniciativa de más de 40 medidas que busca combinar reconstrucción habitacional, reactivación económica, empleo formal, facilitación regulatoria y orden fiscal. El énfasis del mensaje fue claro: sin inversión no habrá una reconstrucción sostenible.  

Más allá del debate político, el anuncio instala una tesis relevante para el mercado: la reconstrucción no se limita a reponer infraestructura dañada, sino que requiere volver a mover el capital, destrabar proyectos y recuperar confianza empresarial. En esa lógica, el Ejecutivo vinculó explícitamente la agenda de reconstrucción con medidas para fomentar la inversión privada, acelerar permisos y fortalecer el empleo, buscando que el crecimiento vuelva a convertirse en motor de desarrollo social.  

Sector Inmobiliario como eje 

Desde sus primeros días, el gobierno ha señalado al sector inmobiliario como uno de los principales ejes de su plan reactivación de la economía nacional. 

En ese sentido, uno de los puntos más significativos y que mayor ruido ha generado sigue siendo la eliminación transitoria del IVA a la venta de viviendas nuevas por 12 meses, medida que el gobierno viene defendiendo desde marzo como una herramienta para absorber stock, reactivar la construcción y recuperar empleo. Según cifras citadas por el Ejecutivo y recogidas por la prensa, hoy existirían cerca de 100 mil viviendas nuevas sin comprador, en un contexto donde persiste un déficit habitacional de unas 500 mil unidades.  

Si esa señal se concreta legislativamente, el impacto puede ser doble. En el corto plazo, ayudaría a descomprimir inventario, mejorar la velocidad de ventas y reactivar proyectos detenidos. En el mediano plazo, podría mejorar las expectativas de desarrolladores e inversionistas, especialmente si se combina con cambios regulatorios que reduzcan la incertidumbre en la aprobación de iniciativas. En esa línea, el presidente anunció precisamente ajustes para acotar plazos de invalidación de permisos ambientales y limitar medidas precautorias que paralicen proyectos aprobados, reforzando el mensaje pro-inversión.  

Por último, anunció un plan de reconstrucción para las regiones de Valparaíso, Ñuble y Bío Bío tras los incendios, las que recibirán apoyos por un total de $400 mil millones, además de una extensión del beneficio DFL 2 y una modernización de la normativa urbana. 

En simple, el gobierno está apostando a que la reconstrucción también pase por reactivar el mercado inmobiliario: vender stock, recuperar empleo en construcción, facilitar nuevos desarrollos y devolver dinamismo a una industria clave para el crecimiento. El desafío será traducir ese diagnóstico en una tramitación viable y en efectos concretos y reales. Pero el mensaje de fondo ya quedó instalado: la reconstrucción económica de Chile empieza por volver a invertir. 

José Pablo González 
Portfolio Manager Deuda Privada Fynsa AGF