1.523 viviendas destruidas, 3.201 con daño mayor, 14.658 con daños menores y 39.531 personas aisladas. Esas son las cifras que informó, al 26 de julio, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) tras el frente de mal tiempo que afectó a la Región de Coquimbo. 

Aunque la fase más aguda de la emergencia ya quedó atrás, la reconstrucción recién comienza. Las autoridades, sin embargo, no coinciden en su duración: el biministro de Obras Públicas, Louis de Grange, estima que podría tomar hasta dos años, mientras el Gobierno Regional advierte que el proceso podría extenderse hasta cinco. La reconstrucción de la infraestructura requerirá entre US$500 y US$700 millones. 

Ese último dato tiene un matiz importante. El propio MOP explicó que esa estimación no corresponde sólo a reparar los daños provocados por el temporal, sino que también considera corregir déficits históricos de infraestructura hídrica y vial en la zona. Dicho de otro modo, parte de los recursos que hoy deberán destinarse a la reconstrucción responden a obras que no se hicieron antes. 

Más allá de la contingencia, el desafío está en cómo enfrentar este escenario hacia adelante. La inversión público-privada en infraestructura puede transformarse en una herramienta de prevención y no sólo de reparación. Embalses, defensas fluviales, colectores de aguas lluvias y el encauzamiento de quebradas reducen directamente el impacto cuando ocurre un evento de esta magnitud. El desafío es que estas obras compiten por presupuesto con proyectos de mayor visibilidad inmediata, mientras que sus beneficios sólo se hacen evidentes cuando llega la siguiente emergencia. 

Para el sector inmobiliario y de infraestructura, este ciclo deja una conclusión clara: la diferencia entre invertir ex ante en mitigación y reconstruir ex post después de cada desastre constituye, en la práctica, una decisión de política pública con consecuencias que pueden marcar la diferencia al enfrentar este tipo de eventos. 

En ese contexto, el modelo de concesiones puede jugar un rol mayor al que ha tenido hasta ahora. La cartera 2025-2026 del MOP contempla 15 proyectos por cerca de US$7.900 millones y el ministerio evalúa ampliar este esquema hacia áreas que históricamente han tenido menor participación privada, entre ellas seguridad hídrica, embalses, canales y obras para enfrentar el estrés hídrico del norte y centro del país.  

Sin embargo, que ese tipo de iniciativas logre atraer capital privado depende, en buena medida, de condiciones de largo plazo: certeza sobre plazos de tramitación, reglas contractuales estables y una cartera de proyectos suficientemente robusta para justificar la inversión inicial. 

Un desafío que suele mencionarse en el sector es que el principal freno no es únicamente el financiamiento, sino también los tiempos de ejecución. La tramitación ambiental de proyectos hídricos y de conectividad puede extenderse durante varios años, independientemente del presupuesto disponible o del interés de inversionistas privados. Abrir este mercado a la inversión privada exige avanzar en dos frentes: ampliar la cartera de proyectos de mitigación y contar con procesos de tramitación con plazos más predecibles. Mientras esa combinación no exista, cada temporal de esta magnitud seguirá generando una factura similar y parte importante de ella continuará respondiendo, en el fondo, a inversiones que no se materializaron a tiempo.

Sebastián Dourthé 

Analista Inmobiliario Fynsa AGF