América Latina es una región especial cuando hablamos de cambio climático. De acuerdo con un informe de la consultora McKinsey, la región cuenta con abundantes recursos de minerales clave para la transición energética (con el litio y el cobre a la cabeza), un gran potencial para generar energía renovable así como para producir biocombustibles líquidos, bosques (la región representa el 34% del potencial del mundo para la mitigación de los efectos del cambio climático a partir de la reforestación) y un sector agrícola, ganadero y pesquero con amplias posibilidades de inversión en producción sustentable. 

McKinsey estima que, para alcanzar sus metas de emisiones cero para el 2050, se requerirán en América Latina inversiones del orden de los US$700.000 millones anuales. La región, además, ofrece oportunidades de inversión en el área de reforestación por unos US$150.000 millones, en el de energías renovables por US$250.000 millones y en el de agricultura, ganadería y pesca por US$200.000 millones.

América Latina es, al mismo tiempo, una de las regiones más expuestas a los riesgos del cambio climático. Según McKinsey, en la región se encuentran 13 de los 50 países más susceptibles a los choques relacionados con el clima, que podría empujar hasta casi 6 millones de personas a la pobreza. La pérdida de biodiversidad, en tanto, puede afectar la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de la región.

En este entorno, el sector financiero tiene importantes retos y oportunidades. Muchos reguladores, incluyendo a la Comisión para el Mercado Financiero en Chile, el Banco Central y el Consejo Monetario Nacional de Brasil y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México han dictado medidas para la adopción de criterios y divulgación de las acciones que las empresas que cotizan en los mercados públicos están tomando respecto al cambio climático.

Esto está directamente relacionado con las oportunidades que tiene el sector financiero para canalizar el financiamiento para las inversiones necesarias para proyectos relacionados con el cambio climático, con el desarrollo de instrumentos como los bonos verdes, que se duplicaron con creces en menos de dos años, alcanzando los US$30.200 millones en 2021.

En paralelo, el sector financiero tendrá que enfrentar el desafío de medir los riesgos de las empresas y sus activos físicos frente al cambio climático y desarrollar y monitorear indicadores clave de desempeño en ámbitos relacionados con la descarbonización y la sustentabilidad de las inversiones y las empresas que financian con estos instrumentos.

Puede ver el informe completo aquí