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El cálculo de las tarifas eléctricas se basa en tres componentes: el valor de la energía (70%), la distribución (20%) y la transmisión (10%). De los clientes, el 90% consume menos de 350 kWh, mientras que el 10% restante corresponde a consumos superiores, principalmente asociados a industrias y pequeñas y medianas empresas, siendo dos factores clave los que influyen en la determinación de las tarifas; uno de ellos es el tipo de cambio ($640 antes del estallido social), y otro los precios internacionales de los combustibles. Aunque no lo crean, aproximadamente el 50% de la matriz energética en Chile aún depende del uso de hidrocarburos.
Previo al estallido social de octubre de 2019, el gobierno había promulgado un decreto tarifario que implicaba un aumento del 9% en las cuentas de luz. Sin embargo, la crisis social llevó a congelar las tarifas eléctricas, lo cual obligó a las empresas a asumir el costo financiero de no ajustar las tarifas. Este congelamiento se proyectó inicialmente para el período entre julio de 2019 y diciembre de 2020, bajo la ley 21.185 (PEC1), que creaba un “mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas”.
Las empresas generadoras tuvieron que asumir los costos financieros de la contención del alza, por lo que se creó un fondo de US$1,350 millones para acumular la deuda con las empresas generadoras, el cual era recuperable entre 2025 y 2027. Además, se redujo la rentabilidad de las empresas de distribución y se perfeccionó el proceso tarifario de distribución eléctrica.
Con la pandemia en 2020, los parámetros de congelamiento tarifario se vieron seriamente afectados. Los precios internacionales de los combustibles subieron, la inflación escaló a máximos en décadas y el tipo de cambio sufrió una fuerte devaluación. La guerra entre Rusia y Ucrania en 2022 agravó la situación. Todo esto ocasionó que el techo de deuda establecido en el PEC1 se copara antes de lo previsto, por lo que en 2022 se extendió el congelamiento de las tarifas eléctricas mediante la nueva ley 21.472 (PEC2). De esta manera, se evitaba un alza tarifaria aproximada del 44%, estableciendo un fondo de US$1,800 millones, pagadero hasta el año 2032. Adicionalmente, se fijaba un nuevo techo de deuda de hasta US$5,500 millones, con un método de pago diferenciado por segmento de consumo.
Pues llegó la hora de pagar la cuenta, de descongelar las tarifas eléctricas y de pagar la deuda generada por el congelamiento de tarifas bajo la PEC1 y PEC2.
La nueva ley 21.667, promulgada en abril de este año, propone medidas para proteger a los sectores socioeconómicos más vulnerables ante el ajuste tarifario, perfecciona el fondo de estabilización de tarifas con el propósito de normalizar los precios de electricidad, y busca mitigar las alzas en las cuentas de clientes regulados.
Además, propone amortizar la deuda total actual de USD 5,500 millones hasta 2035 (anteriormente 2032), descongelando de forma gradual las tarifas de distribución eléctrica y creando un nuevo subsidio transitorio dirigido a un millón de hogares vulnerables para mitigar aumentos en sus cuentas eléctricas, lo que tendrá un costo total de US$120 millones anuales, con US$20 millones aportados anualmente por el fisco y US$100 millones por el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET).
Las medidas actuales apuntan a estabilizar el mercado eléctrico, proteger a los más vulnerables y garantizar una transición gradual hacia tarifas de mercado, además de potenciar una mayor inversión en el sector.
Las tarifas eléctricas en Chile están influenciadas por una combinación de factores internos y externos, y todo esto tiene un impacto importante en la inflación. Nuestro equipo de economía ha revisado las estimaciones de inflación al alza, proyectando un 4,9% para 2024 y un 3,8% para 2025. Estas proyecciones se basan en la expectativa de que habrá pocos efectos de segunda vuelta debido al débil escenario económico del país.
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