La entidad estima que la agenda procrecimiento podría impulsar la inversión, mientras el Banco Central mantendría las tasas sin cambios durante este año.
Cinco caídas consecutivas del Imacec y un segundo semestre que parte cuesta arriba. El análisis de Fynsa pone los números sobre la mesa y anticipa que la recuperación esperada probablemente tendrá que esperar hasta 2027.
El Banco Central ajustó sus proyecciones de crecimiento e inflación en el IPoM de junio, pero el principal cambio fue otro: una evaluación más equilibrada de los riesgos que abre espacio para una postura monetaria neutral.
Los modelos meteorológicos internacionales proyectan una probabilidad cercana al 90% de que el fenómeno El Niño se desarrolle este invierno, con una intensidad que podría ser la mayor en más de una década. Para una economía que ya parte débil en 2026, el momento no es el mejor.
Abril confirmó lo que los meses anteriores ya insinuaban: la economía chilena no encuentra el impulso esperado. Los mismos factores de oferta siguen pesando y la proyección de crecimiento para 2026 vuelve a revisarse.
Fynsa y Alessandri Abogados reunieron a expertos en economía y tributación para analizar el actual escenario local e internacional, el avance de la reforma tributaria y sus posibles efectos sobre empresas, inversionistas y mercados.
La economía chilena abrió 2026 con una contracción de 0,5%, peor de lo esperado. Sectores como minería, agricultura y pesca explican gran parte del dato, pero las señales de fondo apuntan a un año más desafiante de lo proyectado.
El IPC de junio mostró una caída mensual de 0,4%, bastante por debajo de nuestras estimaciones y las del mercado. Aunque el resultado agregado parece significativo, los indicadores subyacentes suavizan un poco el análisis.
Tras meses de cifras débiles, algunos datos recientes apuntan a una mejora en la actividad. Pero antes de celebrar, vale la pena mirar con cautela qué hay detrás del aparente repunte.
Este escenario genera preocupación por la sostenibilidad fiscal a largo plazo, con un impacto directo sobre las decisiones políticas y el financiamiento de servicios públicos.