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La opinión tanto de académicos, técnicos y políticos ha demostrado la convicción de que es necesario reformar el sistema de pensiones en Chile. En la actualidad existe un amplio consenso técnico sobre los problemas estructurales que afectan al sistema chileno, que se ha estudiado con profundidad hace más de 15 años por diversas comisiones y expertos de distintas tendencias políticas.
Si bien existe coincidencia en los conceptos técnicos, el mundo político no ha logrado incorporar este nivel de consenso en sus propias discusiones y decisiones. En CFA Society Chile creemos que la falta de voluntad política es la que ha impedido alcanzar un acuerdo que permita avanzar en una reforma estructural y de largo plazo, que responda a las demandas y expectativas de la ciudadanía.
Los últimos tres gobiernos han presentado proyectos de reforma que, en términos generales, están en línea con lo que se observa en la mayoría de los países OECD. Estas propuestas coinciden en: aumentar la tasa de contribución entre 5 y 6 puntos, cuya distribución va a cuentas individuales, ahorro colectivo y solidaridad; avanzar hacia un sistema mixto de pensiones, financiado tripartitamente por el trabajador, el empleador y el Estado, incorporando componentes de solidaridad intergeneracional y de género; y buscar introducir mayor competencia a la industria en distintas dimensiones.
Para CFA Society Chile una buena reforma debe incorporar aumentos graduales en la jubilación de todos los trabajadores, fomentar la institucionalidad y sostenibilidad del sistema, y propender hacia una administración técnica y profesional de los recursos, incentivando la participación y competencia entre los mejores administradores de inversiones de Chile y el mundo.
Además, la gobernanza de un buen sistema tiene que considerar el mejor profesionalismo y conducta ética, tanto en la operación de los participantes privados, como en la participación del Estado, para asegurar el resguardo y crecimiento de las pensiones. También es crítico que cada nueva prestación a cargo del Estado esté completamente financiada, ya sea a través de mayores ingresos fiscales estructurales, y/o a través de nuevas contribuciones que se contemplen en la reforma.
Por último, el sistema debe contemplar los potenciales desincentivos que generan las pensiones garantizadas, y generar herramientas que contribuyan a minimizar este riesgo, además de incorporar incentivos para la cotización y formalidad laboral, así como cualquier otro que promueva el ahorro voluntario. Adicionalmente, medidas que promuevan el retiro de ahorros para la jubilación para ser usadas en consumo corriente, como el autopréstamo, son ideas que apuntan en el sentido contrario del objetivo final de cualquier sistema de pensiones, que es la máxima acumulación de recursos posibles para la vejez, por lo que deben evitarse.
En esta línea, estamos convencidos que hoy es el momento de cerrar un gran acuerdo político que habilite una reforma centrada en mejorar las pensiones presentes y futuras de los chilenos, que fomente el ahorro y la inversión, y promueva así el crecimiento y el desarrollo del país. No podemos perder una nueva oportunidad y seguir postergando una necesidad clave de la población. Es el momento de concretar una buena reforma de pensiones.
Por Hugo Aravena, CFA, Pamela Auszenker, CFA y Javier García, CFA.
