Fynsa
Esta semana tuve el honor de compartir una conversación con Soledad Hormazábal, investigadora de Horizontal e integrante de la mesa técnica de pensiones, para recoger sus impresiones sobre el acuerdo alcanzado en el Senado para avanzar en una reforma del sistema de pensiones.
Nuestra intención no era hacer una descripción sobre lo que se había logrado, sino más bien hacer un análisis cualitativo respecto a los puntos más importantes que incluiría la eventual nueva ley.
Comenzamos con una pregunta que siento se hace poco. En general, partimos por las soluciones, pero creo extremadamente relevante coincidir en cuál es la pregunta que queremos responder. Ese ejercicio no es nada trivial. ¿Por qué es necesaria una reforma al sistema de pensiones? Soledad nos indicó que —primero— lo relevante era entender que la alternativa de no hacer nada era inviable. No sólo para las pensiones propiamente tal, sino también para las finanzas públicas e incluso para la validación social de un sistema de seguridad social.
El incremento en la esperanza de vida, las lagunas previsionales, la evolución de los salarios, las diferencias de los mercados laborales femeninos y masculinos, los retiros, etc., hacían urgente tomar medidas que pudieran —por lo menos— subsanar estos aspectos, tanto para los actuales jubilados como por los futuros.
Dentro de las cosas positivas, nuestra invitada destacó el aumento de la cotización. Incrementar la tasa de ahorro es un aspecto fundamental para subir pensiones futuras, pero también por las externalidades positivas que esto genera para el mercado de capitales, para los costos de financiamiento, los proyectos de inversión e incluso, el crecimiento. Además, permite validar la capitalización individual como el mejor mecanismo en un entorno de mayor expectativa de sobrevida luego de la jubilación, menores tasas de natalidad y demandas sociales por gasto fiscal crecientes.
Por el lado menos positivo, lamentó que no se pudieran ajustar las actuales edades de jubilación ni tampoco corregir la diferencia entre hombres y mujeres en este sentido. Asimismo, en su opinión, los requisitos para poder optar a ciertos beneficios podrían haber sido más altos para fomentar la participación en el sistema o, en su defecto, haberlos hecho gradualmente a medida que los mercados se ajustaban a la nueva realidad.
En cuanto a los aspectos inciertos, se señalaron los relacionados al funcionamiento de las licitaciones del 10% de las carteras de afiliados para mejorar la competencia, considerando la inercia de éstos a permanecer en una administradora, independiente de la comisión que se cobre. Al existir un mecanismo de ahorro forzoso (eje clave de cualquier sistema de seguridad social, no sólo del de capitalización individual), el Estado debiese hacer todos los esfuerzos para que el precio —en este caso, la comisión— refleje lo más parecido a lo que sería un precio competitivo. Se indicó que este mecanismo no es compatible con la existencia de un inversor estatal, por un tema de incentivos; por lo tanto, un eventual proyecto que cree una institución así sería contraproducente y opuesto al ánimo de entendimiento de los legisladores.
Sin duda que es un tema con muchas más aristas por abordar, en especial los relacionados a impactos en el mercado de capitales, los cuales de seguro son de interés de nuestros clientes. Sin embargo, es imperativo tener más certezas sobre los “detalles” (no olvidemos que el diablo se encuentra en ellos) para poder proyectar de mejor manera impactos en precios, tasas y otros.
Finalmente, queremos agradecer a Soledad Hormazábal por acompañarnos y por entregarnos su visión experta sobre el tema, que además pudo protagonizar desde el interior del debate y el posterior acuerdo.
Pueden revisar nuestra conversación en este podcast.
