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La tasa de desocupación del trimestre junio-agosto llegó a 9,6%, 1,0 pp por sobre lo registrado hace doce meses y la más alta en cinco años. Si omitimos los años de pandemia, es la tasa más elevada desde que se ocupa la actual metodología (2009+), parte de los ajustes estadísticos necesarios para integrar la OCDE. Los ocupados cayeron 0,9% a/a, lo que equivale a más de 81 mil puestos menos, mientras que los desocupados crecieron 13,0%, hasta casi 990 mil personas.
A pesar de no haberlo destacado con anterioridad, hay una cifra que llama la atención: aquellos que buscan trabajo por primera vez crecieron 23,2% respecto del año anterior, casi el doble que los cesantes. O sea, no sólo están saliendo personas del mercado laboral, tampoco se está dejando entrar.
Y quienes recién llegan son, en su mayoría, jóvenes. De las más de 88 mil personas que buscan trabajo por primera vez, más de un 50% se ubica en el tramo 15 a 24 años. Si ampliamos el rango hasta los 35 años, la participación llega a casi 90%. No es sorpresa, entonces, que la tasa de desempleo del primer grupo alcance 22,8%, casi duplicando a la del tramo que le sigue.
En este contexto, el Gobierno anunció el plan Chile Despega, con una inversión de US$ 1.400 millones para crear más de 100 mil empleos entre 2026 y 2027, mediante cuatro ejes: (I) acelerar la inversión pública y las obras de rápida ejecución; (II) impulsar la contratación y el empleo directo; (III) recuperar liquidez para empresas y proveedores; y (IV) desplegar una política nacional con ejecución y seguimiento local.
Si bien es una política bien intencionada y que podría aliviar la carga de corto plazo, es insuficiente desde un punto de vista cíclico y mucho más desde el estructural. Hagamos los números: en el mejor de los casos, en un escenario en que cada uno de estos empleos fuera ocupado por una persona actualmente desempleada, la desocupación podría disminuir en torno a 1 pp.
Sin embargo, también podría provocar que personas que trabajan en la informalidad pasen a esos empleos formales, haciendo que, en el caso extremo, la tasa de desempleo no se mueva. Adicionalmente, se podrían generar incentivos para que gente que hoy no participa del mercado decida hacerlo (en especial las mujeres), lo que incluso podría provocar un aumento de la tasa de desempleo si entran al mercado más personas de las que la política puede absorber. Finalmente, comparado con nuestras estimaciones de desempleados cíclicos (~300 mil) y estructurales (~500 mil), es de un orden de magnitud bastante menor.
Lo anterior no es un defecto de este plan en particular, sino algo que ningún plan de este tipo puede resolver. Si el mercado laboral castiga primero a quienes buscan su primer trabajo, a las mujeres que necesitan compatibilizarlo con labores de cuidado y a los menos calificados, es porque contratar hoy es mucho más caro que hace algunos años y, sobre todo, más difícil de revertir. Una legislación pensada para proteger a quienes ya están adentro termina, sin quererlo, aumentando las barreras para quienes están afuera.
En este contexto es que, en simultáneo con un plan de emergencia, se debe insistir urgentemente con una reforma laboral que flexibilice (no que precarice) el mercado laboral, con jornadas adaptables y contratos parciales que permitan compatibilizar el trabajo con los estudios y las labores de cuidado. Además, se requieren medidas que dejen de castigar a la mujer y la maternidad, haciendo que estos costos sean abordados como sociedad y no de manera individual. Por otro lado, se podría modificar el sistema de indemnización, que hoy castiga al empleador, pero también al empleado, al reducir sus incentivos para cambiarse a un trabajo en el que pueda ser más productivo o que le sea más interesante, porque “pierde” los años acumulados, que son, en la práctica, un seguro de cesantía.
Sin temor a equivocarme, puedo decir que la falta de empleo en el país debería ser, por lejos, la urgencia número uno de este o cualquier otro gobierno.
